Le prometieron la Paz Total. Le entregaron el año más violento de la última década.
Petro llegó al poder prometiendo la «Paz Total»: diálogos con todos los grupos armados, fin de la violencia, una Colombia distinta. Cuatro años después, las cifras de Medicina Legal —el organismo forense oficial del Estado— cuentan lo contrario.
Homicidios registrados en Colombia durante 2025. El año más violento de la última década.
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2026
14.780 vidas. Una persona asesinada cada 36 minutos. Cuatro por hora. Casi cien al día.
El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, lo dijo sin rodeos en una entrevista con Caracol Radio: «estamos peor que antes», con un aumento de aproximadamente 3.000 homicidios anuales adicionales frente a hace cuatro años.
El promedio anual de homicidios en el gobierno Petro es de 13.759. En Duque fue de 12.704. En el segundo Santos, de 12.294. La línea histórica venía bajando. Bajo este gobierno se quebró.
Cada vez que usted se despierta, desayuna y manda a sus hijos al colegio, 40 colombianos ya fueron asesinados ese mismo día.
Cuando el presidente sale a decir que los homicidios bajaron, no le está contando lo que mide el organismo forense. Le está mostrando otra estadística. La que él construyó.
El Ministerio de Defensa reporta 13.726 homicidios en 2025. Medicina Legal reporta 14.780. La diferencia: 1.054 muertes que no aparecen en el conteo oficial del gobierno.
Desde 2023, el Ministerio dejó de incluir en su conteo las muertes a manos de la Fuerza Pública en operaciones autorizadas y los «homicidios no intencionales». Resultado: la cifra oficial baja, sin que, en realidad, esté muriendo menos gente.
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), lo explicó en términos directos: «Reduce artificialmente el homicidio en los municipios más afectados por la violencia».
Cuando Petro habla en sus alocuciones de «la tasa más baja desde 1993», está hablando de cifras manipuladas. Las cifras que cuenta la morgue son otras.
Si su hermano muere en un operativo o «por accidente», el gobierno no lo cuenta como homicidio. Pero la familia lo entierra igual.
En extorsión, secuestro y terrorismo, este gobierno tiene los peores registros de los últimos cinco mandatos presidenciales. No es percepción. Son los números oficiales de la Fuerza Pública.
La extorsión bajo este gobierno es doce veces más alta que durante el segundo gobierno de Uribe. El propio Petro lo reconoció en octubre de 2024: «la extorsión sigue disparada».
El terrorismo alcanzó cifras no vistas en 20 años. Los atentados contra oleoductos pasaron de 3 a 21 casos solo en el primer semestre de 2025.
Si tiene una panadería, una tienda o un transporte, la probabilidad de que lo extorsionen es la más alta en veinte años.
En enero de 2025, la ruptura de los diálogos entre el gobierno y el ELN —pilar fundamental de la «Paz Total»— desencadenó la peor crisis humanitaria del país en casi tres décadas. La región del Catatumbo, en Norte de Santander, fronteriza con Venezuela, se convirtió en el escenario de una guerra abierta entre el ELN, las disidencias de las FARC y otros grupos armados.
Más de 100 muertos. Cerca de 100.000 desplazados, equivalentes al 27% de la población de la subregión, según la Defensoría del Pueblo.
«Este es el desplazamiento masivo más grande registrado en los últimos 27 años en Colombia».
Iris Marín · Defensora del Pueblo
Petro decretó conmoción interior. En el anexo de ese mismo decreto, las propias Fuerzas Militares revelaron algo que el gobierno no quería que se supiera: el presupuesto del Ejército fue reducido un 47% entre 2024 y 2025, el de la Armada un 25%, el de la Fuerza Aeroespacial un 30% y el de la Policía un 35%. La política de «Paz Total» se construyó debilitando a la institución que debía garantizarla.
La «Paz Total» no llegó. Lo que llegó fue el éxodo más grande en una generación.
El 7 de junio de 2025, Miguel Uribe Turbay —senador y precandidato presidencial del Centro Democrático— fue baleado en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá, durante un acto político. El sicario, capturado en el lugar, tenía 15 años.
Miguel Uribe luchó por su vida durante dos meses. Murió el 11 de agosto de 2025.
Es el primer magnicidio político en Colombia desde la ola de asesinatos contra candidatos presidenciales en los años ochenta y noventa: Galán, Pizarro, Jaramillo, Pardo Leal. Una página que el país creía cerrada se volvió a abrir.
Hasta febrero de 2026, la Misión de Observación Electoral (MOE) había registrado 415 casos de violencia política. El proceso electoral de 2026 arranca con una víctima.
El sicariato bajó hasta a los quince años. Y ya alcanzó a quien aspiraba a ser presidente.
Mientras el gobierno habla de paz, en los territorios las comunidades entierran a sus dirigentes. Las masacres alcanzaron cifras que el país no veía desde antes de la firma de los Acuerdos de La Habana.
En 2025 fueron asesinados 187 líderes sociales y defensores de derechos humanos. En el primer trimestre de 2026, ya van 31. Uno cada dos días.
Son presidentes de juntas de acción comunal, autoridades indígenas, líderes campesinos. La gente que sostiene el tejido social en las zonas más golpeadas. Y que, sistemáticamente, sigue siendo asesinada.
Hectáreas de coca cultivadas en Colombia en 2024. Récord absoluto en la historia del país.
UNODC — Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos
261.000 hectáreas. Más coca de la que jamás se haya medido en Colombia. La producción potencial de cocaína llegó a 3.001 toneladas, un 12,6% más que el año anterior. Hoy, Colombia concentra el 67% de los cultivos de coca del planeta.
Y mientras los cultivos crecen, la erradicación se desploma: pasó de 40.561 hectáreas erradicadas en el primer año de Petro a solo 8.614 en el tercero. El gobierno de Duque erradicó 115.338 hectáreas. Petro, una fracción de eso.
La coca es la base económica de las disidencias de las FARC, del Clan del Golfo, del ELN y del Estado Mayor Central. Mientras crece la coca, crecen los grupos armados.
Cada mata de coca que no se arranca es plata para los grupos armados. Y ahora hay 261.000 hectáreas de plata circulando entre criminales.
El territorio que las disidencias y el Clan del Golfo controlaban hace tres años no se compara con el de hoy. La cartografía del crimen se duplicó y se triplicó bajo la «Paz Total».
Las disidencias de las FARC pasaron de tener presencia en 124 municipios en 2022 a 376 municipios en 2025, según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). El gobierno, mientras tanto, dialogaba con ellos.
El Clan del Golfo, la principal estructura del Bloque Capital y Magdalena Medio, pasó de tener presencia en 213 municipios a 429 entre 2019 y 2025. Crisis Group estima que tiene 27.000 combatientes activos a finales de 2025: 5.000 más que el año anterior.
La Defensoría del Pueblo documentó 257 casos de reclutamiento de menores por grupos armados en 2025. El 47% de las víctimas son niños y niñas indígenas. El Estado Mayor Central, disidencia de las FARC, concentra el 47,1% del reclutamiento total. Cauca es el departamento más afectado.
Mientras Petro dialogaba en mesas con los jefes, los soldados de esos jefes le quitaban el pueblo a su vecino.
Tasa de impunidad en los homicidios cometidos en Colombia, según Fundación Paz y Reconciliación.
Fundación Paz y Reconciliación (Pares)
Laura Bonilla, subdirectora de Pares, lo cuantificó: «el 92% de los homicidios permanece impune. Entre enero y mayo en Bogotá: 156 casos de sicariato y solo 16 capturas, casi un 90% de impunidad».
No es solo que Colombia esté siendo más violenta: es que el Estado, encima de ello, no responde. La víctima muere y el victimario sigue libre. Esa combinación —más violencia, menos justicia— es la fórmula con la que se construye una sociedad criminalizada.
No es opinión.
Son cifras oficiales.
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