Colombia es hoy el país con más mercurio per cápita en el agua, en el aire y en la comida del mundo. Y aquí no termina la cuenta.
No es una opinión. Es la frase textual de la Procuraduría General de la Nación, después de revisar la situación durante un año y publicar el Informe Nacional sobre Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio.
«Colombia es el país con la mayor liberación de mercurio per cápita al medio ambiente».
Procuraduría General de la Nación · diciembre de 2024
El mercurio se usa en la minería ilegal para separar el oro del resto del material. Lo que queda después de la extracción es vertido directamente a los ríos. Y de los ríos pasa al pescado que se come la comunidad. Y de la comunidad pasa a la sangre, al cerebro y a los hijos por nacer.
El Ministerio Público lo dijo sin rodeos: el envenenamiento por mercurio está generando daño irreversible en los ecosistemas y en la salud de la población.
Quebradas y ríos contaminados por mercurio derivado de la minería ilegal de oro en Colombia.
Inteligencia militar citada por El Tiempo, 2026
Solo en el Chocó, 150.000 personas —un tercio de la población del departamento— beben, se bañan y cocinan con agua contaminada por mercurio. No hay acueducto. No hay alternativa. La fuente del río Atrato, el más caudaloso de Colombia, está envenenada por la minería ilegal que el Estado no logra controlar.
Y no es solo el Chocó. La Procuraduría documentó presencia de minería ilegal en 29 de los 32 departamentos: Antioquia, Bolívar, Santander, Caldas, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Amazonas, Putumayo, Guainía. Más del 50% de los municipios del país han sufrido los estragos.
El pescado del río llega al plato. El mercurio del río también.
Mientras el gobierno hablaba de transición energética y de proteger la Amazonía, las cifras del Ministerio de Defensa contaron una historia distinta: nunca antes en la historia del país hubo tantas minas ilegales operando.
Minas ilegales intervenidas por la Fuerza Pública en 2025. El año con más intervenciones desde que existe el registro.
Ministerio de Defensa Nacional, 2026
Las intervenciones por trimestre prácticamente se duplicaron en tres años: de 1.009 minas intervenidas en el primer trimestre de 2023 a 2.086 en el primer trimestre de 2026. Más intervenciones significa una de dos cosas, o ambas: o el gobierno está siendo más activo, o la actividad criminal se duplicó. Las dos lecturas son malas noticias.
La Fiscalía General confirmó en su informe de rendición de cuentas 2025–2026 lo que ya era evidente sobre el terreno: la minería ilegal está siendo instrumentalizada por el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. Estos grupos ejercen control territorial mediante redes logísticas, financieras y armadas, y obtienen ganancias millonarias.
Según expertos consultados por El Nuevo Siglo, en muchos casos la minería ilegal deja más recursos a los grupos armados que el propio narcotráfico. La paz total se contradijo a sí misma: mientras se negociaba con un brazo, el otro brazo de cada grupo crecía gracias al oro.
Hectáreas devastadas por la extracción ilegal de oro en Colombia, según informe de inteligencia militar.
Inteligencia militar citada por El Tiempo, 2026
La paz total habló con los grupos armados. Pero la plata del oro ilegal los hizo más fuertes que nunca.
La cifra es de Naciones Unidas, no de la oposición. El monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia, que la UNODC realiza desde 2001, cerró 2023 con la cifra más alta jamás registrada: 253.000 hectáreas sembradas de hoja de coca.
Hectáreas de cultivos de coca en Colombia en 2023. La cifra más alta desde que existe el monitoreo de Naciones Unidas.
UNODC · Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2023
El dato más inquietante no es el total. Es dónde están sembradas. Según la propia UNODC: el 48% de los cultivos de coca está en zonas de conservación y manejo especial —parques nacionales naturales, territorios colectivos de comunidades indígenas y afrodescendientes, reservas forestales que la ley protege para preservar la biodiversidad del país.
Casi la mitad de los cultivos ilegales están en suelos que la Constitución prometió proteger. No es deforestación accidental: es ocupación armada de las áreas más biodiversas del planeta, para producir cocaína.
El Putumayo es la frontera amazónica con Ecuador. En 2021, antes de Petro, tenía 31.874 hectáreas de coca. Para 2022, primer año del cuatrienio, la cifra saltó a 53.648: un aumento del 68% en un solo año. Las disidencias del frente Carolina Ramírez y los Comandos de Frontera asumieron el control del territorio.
El especialista del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) lo describió así en entrevista pública: «Antes en el Putumayo había bosque y en el medio pequeños cultivos. Ahora se ven enormes hectáreas taladas y deforestadas».
Mientras el gobierno celebraba acuerdos con grupos armados, la selva amazónica que iba a proteger se llenó de cultivos de coca.
En su discurso de posesión, Petro se autoproclamó el primer presidente ambiental de la historia de Colombia. Cuatro años después, los datos oficiales contradicen ese título.
El país que Petro recibió tenía problemas ambientales serios. El que entrega no los resolvió: los agravó.
La minería ilegal cerró el cuatrienio en récord histórico. El mercurio puso a Colombia en el primer lugar mundial per cápita. Los cultivos de coca alcanzaron el máximo desde que existe el monitoreo, ocupando casi la mitad de las zonas de conservación. Y los líderes ambientales que se atrevieron a denunciar todo esto pagaron con su vida: en el primer trimestre de 2025, 43 defensores de derechos humanos fueron asesinados, un aumento del 43% respecto al año anterior, según Somos Defensores.
El primer gobierno verde se convirtió en el del oro envenenado, los ríos contaminados y los parques nacionales perdidos.
Una promesa de campaña es solo eso. Lo que cuenta es lo que se entrega.
No es opinión.
Son cifras oficiales.
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