Siete colombianos mueren al día esperando una cita, una autorización, un medicamento. Que su nombre no sea el próximo.
Kevin nació con hemofilia A severa, una condición genética que impide que su sangre coagule. Con el medicamento correcto, un niño con esta enfermedad puede vivir una vida normal. Sin el medicamento, cualquier golpe puede ser fatal.
Su tratamiento lo entregaba Medicarte, una IPS especializada en pacientes de alto costo. Pero Nueva EPS —la entidad pública intervenida por el gobierno Petro— le debía $53.180 millones de pesos. Por esa deuda, Medicarte no pudo seguir entregando los medicamentos.
El 13 de febrero de 2026, Kevin murió. Tenía siete años.
En lugar de asumir la responsabilidad institucional, el presidente Petro intentó redirigir la atención. En consejo de ministros sostuvo: «Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos». Como si la causa de la muerte hubiera sido la bicicleta, y no la falta del medicamento que el Estado prometió entregarle. Médicos pediatras y la Asociación Colombiana de Hemofilia respondieron públicamente: los niños con hemofilia, con tratamiento adecuado, pueden montar en bicicleta.
Y Kevin no estaba solo. Según la Asociación de Pacientes de Alto Costo, hay otros 2.000 pacientes en situación similar: con enfermedades que requieren medicamentos continuos, atrapados entre EPS quebradas e IPS que no pueden seguir atendiéndolos.
Cuando una EPS le debe miles de millones a la IPS que entrega los medicamentos, el que muere es su hijo, no el funcionario.
Mientras el gobierno discute reformas en el Congreso, los colombianos mueren esperando atención. La Federación Colombiana de Enfermedades Raras documentó la cifra que nadie quiere reconocer.
Muertes en 2025 atribuibles a barreras de acceso al sistema de salud. Siete colombianos al día.
Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER), 2025
El 40% de esas muertes ocurrieron en EPS intervenidas por el gobierno —las mismas que el Ejecutivo prometió rescatar. Solo en Nueva EPS, la entidad estatal más grande del país, se registraron 536 fallecimientos por demoras en autorizaciones, citas o entrega de medicamentos.
Son pacientes esperando una autorización de cirugía. Esperando que les entreguen el medicamento que ya está formulado. Esperando que les asignen una cita con el especialista. Esperando, mientras la enfermedad avanza.
La tutela es el último recurso de un colombiano: cuando el sistema niega lo que el ciudadano tiene derecho a recibir, debe ir donde un juez para que se lo ordene. La curva no miente.
Las tutelas por salud se duplicaron en tres años. Pasaron de 156.357 en 2022 a 314.658 en 2025. Una de cada tres tutelas en Colombia hoy es por salud. La Corte Constitucional, en el Auto 559 de 2025, ordenó que los medicamentos se entregaran en máximo 48 horas. El sistema no cumplió.
Y las quejas a la Superintendencia de Salud cuentan la misma historia: de 1,15 millones en 2022 pasaron a 2,01 millones en 2025. 5.200 quejas cada día. Una cada 17 segundos.
Si usted está sano y joven, todavía no le ha pasado. Si usted o su mamá se enferma de gravedad, está a una semana de aprender lo que es una tutela.
No es una metáfora. Es lo que está pasando ahora mismo.
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que cerraron entre 2021 y 2025.
Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC)
La razón del cierre es la misma en cada caso: las EPS no pagan. Y no pagan porque no tienen plata. Y no tienen plata porque el gobierno desvió la reforma a la salud por una vía política sin haber estabilizado primero el flujo de recursos.
La deuda de las EPS con hospitales y clínicas, al cierre de 2025, llegó a $25,7 billones de pesos. El 58% en mora. Solo Nueva EPS le debe a la red hospitalaria $7,3 billones.
Mientras los hospitales cierran por falta de pagos, la Contraloría destapó algo peor: una parte enorme de los recursos del sistema simplemente no se puede rastrear.
La Contraloría General de la República, al revisar la ejecución de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) entre 2020 y 2024, encontró que $15,79 billones de pesos no tienen trazabilidad documental. No se sabe qué EPS los recibió, ni a qué prestador llegaron, ni qué servicios cubrieron.
El sistema no falla solo porque no le entre plata. Falla porque la que entra no llega a donde tiene que llegar. Y mientras tanto, Kevin Acosta fue uno de los 2.436 colombianos que murieron en 2025 esperando lo que ya estaba pagado.
Usted paga sus aportes a salud cada mes. Su empresa paga. El Estado paga. Y nadie sabe adónde está yendo esa plata.
«Se ha llegado a un punto en que las personas ya perdieron la esperanza».
Néstor Álvarez · Asoc. Colombiana de Pacientes de Alto Costo
El 7 de abril de 2026, Nueva EPS —la EPS más grande del país, con 11,8 millones de afiliados— quedó sin medida de intervención. No porque hubiera mejorado: porque el Ministerio de Salud no respondió a tiempo. Un trámite venció.
Ese es el resumen de cuatro años de política de salud: una EPS quebrada, sin medidas de control, sin plata para pagar la red, con 11,8 millones de personas dependientes de ella, y un gobierno que prefiere las consignas a la gestión.
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